Sorpréndanse, desocupados lectores. Voy a dedicar un post a hacerle propuestas a Rafael Simancas, para que las meta, si quiere, en su programa electoral.
Simancas responde bien al perfil de izquierdista de aparato. De la facultad al partido y del partido a la Asamblea. Desde que se licenció, nunca ha trabajado en nada relacionado con la vida real. Imagino que por eso y porque, como yo, es politólogo, y la profesión marca, piensa que la realidad se cambia a golpe de Boletín Oficial.
Verán, Simancas tiene una bitácora en la que va colgando algunas de sus (descabelladas) propuestas. Usando ese juego de palabras tan gracioso que estrenó el simplón (tras la derecha, llegan los derechos), ha propuesto garantizar por ley una serie de derechos a los madrileños.
Uno de estos derechos es el de la asistencia sanitaria. Frente a la diabólica Esperanza Aguirre que, según el candidato sociata, si vuelve a ganar supondrá “que haya que acudir al centro sanitario con la tarjeta de crédito“ Simancas quiere que una ley garantice los tiempos máximos de espera en la sanidad. Otro de los derechos es el de la vivienda, a través de una Ley de Garantía de Acceso a la Vivienda, configurará éste como un derecho exigible por los ciudadanos.
En ningún momento explica cómo va a financiar lo segundo y cómo va a conseguir lo primero, pero eso, debe pensar, es lo de menos. Así que, para que no me acusen de sectario, le hago algunas propuestas:
- Ley de prohibición de los infartos de miocardio. Hala, se acabaron las muertes por enfermedades coronarias.
- Ley de Garantía de tener pareja. Cualquier persona podrá exigir a la Administración que le encuentre una pareja a su gusto. Se acabó la soledad para las personas que no encuentran pareja.
- Ley de se acabaron los atascos en la emetreinta. Ni obras ni ostias, lo que hay que hacer es una ley que garantice a los ciudadanos que nunca habrá atascos en la emetreinta.
- Ley de sueldos dignos. La Comunidad garantizará, por ley, que nadie cobrará menos de 1.800 euros al mes, haga lo que haga y trabaje de lo que trabaje.
- Ley contra la delincuencia. ¿Para qué más policías en la calle si se puede prohibir, por ley, la delincuencia?
- Ley contra el fracaso escolar. A partir de ahora, todos los alumnos tendrán garantizado un notable sólo por asistir. Se van a cagar los fineses. Ahora seremos nosotros la región con mejores expedientes académicos de la Unión.
Corolario. Eternos adolescentes, es lo que son la mitad de nuestro rojerío. Los problemas, desgraciadamente, son más complejos.
PS: El decano de mi facultad, que aspira a Rector, intenta convencer a los alumnos para que le voten a través del discurso, el diálogo y la razón. ¿Hay alguna metáfora más brillante de la decadencia de nuestra universidad?
Simancas responde bien al perfil de izquierdista de aparato. De la facultad al partido y del partido a la Asamblea. Desde que se licenció, nunca ha trabajado en nada relacionado con la vida real. Imagino que por eso y porque, como yo, es politólogo, y la profesión marca, piensa que la realidad se cambia a golpe de Boletín Oficial.
Verán, Simancas tiene una bitácora en la que va colgando algunas de sus (descabelladas) propuestas. Usando ese juego de palabras tan gracioso que estrenó el simplón (tras la derecha, llegan los derechos), ha propuesto garantizar por ley una serie de derechos a los madrileños.
Uno de estos derechos es el de la asistencia sanitaria. Frente a la diabólica Esperanza Aguirre que, según el candidato sociata, si vuelve a ganar supondrá “que haya que acudir al centro sanitario con la tarjeta de crédito“ Simancas quiere que una ley garantice los tiempos máximos de espera en la sanidad. Otro de los derechos es el de la vivienda, a través de una Ley de Garantía de Acceso a la Vivienda, configurará éste como un derecho exigible por los ciudadanos.
En ningún momento explica cómo va a financiar lo segundo y cómo va a conseguir lo primero, pero eso, debe pensar, es lo de menos. Así que, para que no me acusen de sectario, le hago algunas propuestas:
- Ley de prohibición de los infartos de miocardio. Hala, se acabaron las muertes por enfermedades coronarias.
- Ley de Garantía de tener pareja. Cualquier persona podrá exigir a la Administración que le encuentre una pareja a su gusto. Se acabó la soledad para las personas que no encuentran pareja.
- Ley de se acabaron los atascos en la emetreinta. Ni obras ni ostias, lo que hay que hacer es una ley que garantice a los ciudadanos que nunca habrá atascos en la emetreinta.
- Ley de sueldos dignos. La Comunidad garantizará, por ley, que nadie cobrará menos de 1.800 euros al mes, haga lo que haga y trabaje de lo que trabaje.
- Ley contra la delincuencia. ¿Para qué más policías en la calle si se puede prohibir, por ley, la delincuencia?
- Ley contra el fracaso escolar. A partir de ahora, todos los alumnos tendrán garantizado un notable sólo por asistir. Se van a cagar los fineses. Ahora seremos nosotros la región con mejores expedientes académicos de la Unión.
Corolario. Eternos adolescentes, es lo que son la mitad de nuestro rojerío. Los problemas, desgraciadamente, son más complejos.
PS: El decano de mi facultad, que aspira a Rector, intenta convencer a los alumnos para que le voten a través del discurso, el diálogo y la razón. ¿Hay alguna metáfora más brillante de la decadencia de nuestra universidad?
4 comentarios:
"Eternos adolescentes, es lo que son la mitad de nuestro rojerío. Los problemas, desgraciadamente, son más complejos"
O sea que por oposición, los adultos de la política española es la derecha.
Sesudos, adultos y responsables son los análisis de la realidad del mundo como el choque de civilizaciones entre buenos y malos.
Adultos y responsables son los juicios paralelos del 11-M.
Más adultas son las soflamas nacionalistas de las manifas y el arroparse con la bandera cada vez que haya ocasión, tildando a los demás de antipatriotas,eso es muy adulto.
De adultos es también promover en yermos y desiertos campos de Golf por doquier y urbanizaciones sin fín.
Si esto es ser adulto para usted prefiero seguir siendo una joven inocente, algo ingenua pero bienintencionada.
Estimado Perdiu: ante todo felicitarle por su blog. Y por el tiempo que le dedica. Lo encontré por casualidad y desde entonces lo visito a menudo. Me gustan las verdades. Y el sarcasmo. Es desmitificador y nos hace reflexionar sobre nuestro punto de vista sobre las cosas.
Me interesa el tema sanitario por mi profesión y realmente asombra ver como se está politizando (en el sentido peyorativo).
Estoy de acuerdo con lo que dice de Simancas. Me he partido de risa. Pero podía haber generalizado más: Ley de garantía de la Salud. Punto y basta. (Alguna existe con ese título).
El problema es que lo saben. Simancas sabe que eso es electoralista y E. Aguirre sabe que el mes de espera máxima para intervenciones quirúrgicas también lo era (Por cierto no se ha cumplido y podemos hablar de ello en otra ocasión).
Pero al margen de asombrarme cada vez más de la instrumentalización política de la sanidad; que no conduce a ninguna parte; me gustaría saber su opinión como liberal en el tema de las privatizaciones que apunta Simancas diciendo que habrá que acudir al centro sanitario con la tarjeta de crédito.
No se si estará de acuerdo con lo que voy a decir:
La privatización del (todo o parte) Servicio Sanitario Público, se ha convertido hoy en día en un arma arrojadiza en el campo de la confrontación política.
Generalmente esta confrontación obedece al siguiente esquema: la Derecha política es comúnmente impulsora de procesos privatizadores aduciendo la eficiencia gestora del ámbito privado frente a la Administración y su burocracia ineficaz, mientras que la Izquierda se posiciona negativa y frontalmente ante estas iniciativas, argumentando que la privatización conlleva la desaparición de lo público: como si le arrancaran a la ciudadanía un derecho sagrado.
Ambas posiciones son falaces, pueden ser verdad y mentira al mismo tiempo y se utilizan indistintamente por las fuerzas políticas dependiendo del momento (gobierno-oposición) en que se encuentren e incluso se coincide en el tiempo tomando medidas privatizadoras y acusándose mutuamente de ello: por ejemplo, actualmente y referente al ámbito sanitario, por la Izquierda se ha abierto un proceso privatizador desde el Ministerio de Sanidad sobre el sistema de acreditación docente hospitalario, y por la derecha se acometerá la futura gestión privada de los nuevos hospitales en la Comunidad de Madrid, o la extensión del llamado “modelo Alzira” en la Comunidad Valenciana.
Generalmente cuando hablamos de privatización en el sector sanitario público, no se habla de traspaso total del servicio (como ocurre por ejemplo con la sanidad en Estados Unidos que mayoritariamente está en manos privadas), sino que se entiende como la transferencia de algún sector de actividad (hospitales, prestaciones, etc.) a la gestión privada, manteniendo la Administración Pública la financiación del servicio que se presta y los mecanismos pertinentes de control, dado que la Salud se reconoce como un derecho constitucional y por tanto el Estado mantiene la tutela sobre el servicio que se presta (a esto eufemísticamente se le denomina en jerga empresarial “externalización”).
Es decir la financiación pública y los mecanismos de control públicos son los que definen al servicio prestado como público, al margen de que su gestión coyuntural o la prestación en sí, queden en manos privadas y son estos dos requisitos los que impiden que solo las “leyes del mercado” ordenen ese sector de actividad.
Son muchos los ejemplos de “externalización” en nuestro país, desde los mas ambiciosos como el referido “modelo Alzira” valenciano donde ha pasado a manos privadas la gestión integral de la comarca del mismo nombre, hasta los numerosos conciertos de las distintas Administraciones Sanitarias con entidades privadas, para prestar servicios de todo tipo (intervenciones quirúrgicas, rehabilitación, pruebas diagnósticas, etc.)
Por tanto, Servicio Público, en principio, es aquel que se “financia” con dinero público y es “controlado” por la Administración Pública. El servicio de una clínica concertada con la sanidad pública, es publico (como el de un colegio concertado).
Personalmente apuesto y defiendo el Servicio Sanitario Público, incluyendo este sentido general, y fundamentalmente porque el estado de bienestar en España ha pasado por conseguir y defender este logro, este “Servicio Público” estructurado en lo que hemos venido en llamar Sistema Nacional de Salud.
Por tanto, no hay oposición conceptual a la privatización así entendida (externalización), pero no puede acometerse de cualquier manera.
Y aquí es donde discrepo de muchas decisiones privatizadoras.
Ante los ciudadanos, cualquier decisión política privatizadora en el sector de la sanidad, debería cumplir 2 requisitos ineludibles para llevarse a cabo:
1º.- Explicar claramente cuales son los motivos que justifican el proceso privatizador que quiera acometerse.
Si las razones que se argumentan son las de la eficiencia (más servicios con más calidad a menor coste) de la gestión privada frente a la pública, hay que demostrarlo previamente. El apriorismo consistente en que lo privado es más eficiente que lo público, es efectivamente un apriorismo que nada justifica. No es verdad que la Administración sea ineludiblemente ineficiente. Quienes llevamos tiempo en la Administración sanitaria pública sabemos que no es mala gestora por definición y los mejores profesionales y más preparados están en ella. Es más, no se ha demostrado que las distintas iniciativas privatizadas que llevan tiempo funcionando sean mas eficientes.
Hay que explicar y como ciudadanos tenemos derecho a saber, los argumentos en que se basa la decisión privatizadora. Si las cosas no se explican se siembran dudas sobre lo que realmente justifica esa medida, y lo peor, muchas veces se vislumbran claramente otros motivos de interés por detrás.
Hay que exigir a nuestros responsables sanitarios que gestionen bien y que rindan cuentas de ello, cosa que cada vez se pide menos en esta época de bonanza económica.
2º.- Establecer los mecanismos de control necesarios para asegurar y garantizar que la prestación o el servicio externalizado cumpla con los requisitos que la Administración (financiador) le ha exigido: calidad, accesibilidad, equidad. Si estos mecanismos no se establecen claramente también se siembran dudas sobre el verdadero interés de la actividad privatizada.
Hoy en día poco se exige a la Administración pública esta supervisión garantista, y es tal el desconcierto, que puede observarse como servicios públicos que debían ser inspeccionados, se auditan a si mismos, y otros muchos, donde la evidente realidad apunta al descontrol y señala deficiencias, no se evalúan ni controlan. Incluso, se están “externalizando” las labores de control e inspección.
Muchas veces hay que preguntarse, ¿hay algo que ocultar en las iniciativas de privatización?
Desde luego hay que señalar que existe un verdadero peligro en la gestión privada de lo público sin mecanismos de control garantista que además no pueden ser solo de tipo económico, si nos referimos al ámbito sanitario.
Gracias por su interés y perdón por la extensión.
Carlengo, gracia a usted por venir y por participar. Es un poco osado por mi parte explicarle a alguien que trabaja en el sector sanitario lo que creo que debería hacerse, pero ahí van mis reflexiones. Si le he entendido bien, usted diferencia entre externalizar servicios de poco valor en la sanidad pública (vg. cafetería, limpieza, mantenimiento) y privatizar la propia actividad sanitaria, es decir, que todo el hospital sea de una empresa y que ésta facture a la Administración por paciente atendido.
Antes de entrar a valorar ambas opciones, creo que la primera pregunta que debemos hacernos es qué valor da al ciudadano que la persona que lo atiende (enfermero, médico…) tenga una relación estatutaria con el Estado o laboral con una empresa. Creo que esa es una de las claves. No tenga la sensación de que un médico sea mejor médico porque cobre del Capítulo I de un presupuesto público.
Dicho esto, tengo la sensación de que la externalización de servicios auxiliares (es decir, limpieza, residuos…) dentro de la sanidad tiene pocos argumentos en contra. ¿Tiene sentido que la persona que limpia una habitación de un hospital sea funcionario? Sinceramente, creo que no.
Respecto a la privatización en sí misma, tengo la sensación de que no es tan negativa como se pinta, manteniendo lo que usted denomina la financiación pública el control público. La sanidad pública ya la pagamos entre todos (en eso, como en tantas otras cosas, Simancas se equivoca, en realidad ya vamos con la tarjeta cuando vamos al médico). Como España es un país bastante alérgico a la libertad, imagino que a lo máximo a lo que podemos aspirar los liberales aquí es a pedir que coexista la sanidad privada con la supervisión pública, un poco sobre la base de este modelo Alcira.
De todas formas, fíjese, a mí (hasta que me demuestren otra cosa) no me parece mal que a largo plazo toda la sanidad fuera privada. Pagaríamos menos impuestos y podríamos dedicar ese dinero a buscar, en el mercado, los mejores servicios médicos. Por eso yo le daría la vuelta a su argumento. Mantendría bajo control público aquéllas actividades que explicaran claramente los motivos por los que deberían seguir siendo públicos. Es evidente que lo público, por serlo, no es mejor que lo privado. Y viceversa. Pero la lógica de lo público (sin accionistas, sin rendición de cuentas…) no favorece precisamente la eficiencia. Yo creo que las dudas vienen por la demagogia. Aquí hemos sustituido el derecho al debate por el deber de ser políticamente correctos. Cuando uno habla de privatizar la sanidad, en seguida la gente se imagina que disfrutas viendo a los ancianos morir enfermos abandonados por las calles. El adjetivo como respuesta al argumento.
En lo que estoy absolutamente de acuerdo con usted es en el segundo punto que plantea, y esto también nos daría para otra discusión. El Estado no puede hacer dejación de sus funciones. Es un poco el viejo lema anglosajón de pocas leyes pero muy claras y muy tajantes. Aquí, al revés, tenemos muchas pero fácilmente sorteables (una comida con el consejero de Sanidad, una llamadita a Madrid… y todo solucionado). Ese control del Estado es el que garantiza el buen uso de los recursos públicos y el que vigila que ninguna empresa se pase.
Espero sus respuestas, y las del resto de (desocupados e improbables) lectores de esta bitácora.
Muchas gracias por su respuesta Sr. Perdíu. El tema es complicado y difícil de entender.
Verá, yo con lo que no estoy de acuerdo es con privatizar la actividad sanitaria, por entendernos, “en macro” de un país y que esta actividad se regule por el mercado (Ley de oferta-demanda). En Estados Unidos esto casi ocurre así. La sanidad es mayoritariamente privada, la cobertura de su sistema de seguridad social es escasa y el ciudadano tiene que proveerse un seguro medico para protegerse frente al infortunio de la enfermedad. Esto choca frontalmente con la presunta eficiencia del “mercado” en el control del gasto y con lo que realmente cuesta la sanidad allí: Gasto sanitario total como % del PIB (2003): 15,2%; Gasto sanitario total por habitante ($, 2003): 5.711 $ (Informe sobre la salud en el mundo 2006. OMS). Reflexione un momento sobre estas cifras.
Aquellos que no pueden, lo tienen peor: la esperanza de vida de un negro del Bronx es casi la mitad de un americano medio. Además los indicadores de salud en USA no están por encima de la media de los países desarrollados.
Para subvenir estas necesidades surgen los Sistemas de Seguridad Social de carácter universalista precisamente tras la gran depresión americana del 29 y el “New Deal”.Es el Estado el que hace pública, universal y financiada con impuestos la asistencia sanitaria.
No estoy en desacuerdo con externalizar la sanidad empezando por aquello en lo que la “empresa” sanitaria no es experta: hostelería, logística, limpieza, etc. Absolutamente de acuerdo con Vd.
El resto de servicios sanitarios a externalizar, es otra cosa. No me opongo, como Vd. dice a que todo se externalice si es más eficiente, pero mire: resulta que nuestro sistema sanitario no se diseña ahora y depende actualmente de la Administración pública, es decir lo presta la Administración, y por tanto si se quiere externalizar hay que decir al menos, que la prestación de que se trate se va a seguir dando con la misma calidad y más barata.
El problema es que no se dice. Y existen verdaderos intereses por detrás en no demostrar que se es más eficiente en la empresa privada sanitaria. A lo mejor es que es difícil. La sanidad privada es cara, Sr. Perdíu, muy cara.
Bien, paro aquí. Gracias por su atención y su aproximación al complejo mundo sanitario.
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