Salió
en una conversación el otro día el tal escrache. Ese
invento argentino contra los políticos corruptos en particular y contra la corrupción en general. Aquí en España lo hemos
importado con el matiz de que sólo se practica contra los políticos de centro
derecha. Ni un escrache por los millones
de euros robados en Andalucía a cuenta de los ere. Nuestra socialdemocracia mira para otro
lado: ya veremos lo que dirán el día que los antiabortistas sitien sus casas y
los insulten mientras sus hijos miran por las ventanas. Peor es aún lo de
nuestra izquierda caníbal; esa manera de socializar el sufrimiento, como le
enseñó hace veinte años sus primos mayores
disfruta doblegando a los representantes cuando no son los que a ellos
les gustan.
Me
pedía mi opinión la persona con la que hablaba. Caía la tarde y Barcelona resplandecía.
Es repugnante cruzar esa línea que separa lo privado de lo público. Y creo que
la respuesta de la autoridad debe ir ligada al cumplimiento, de manera
estricta, del Código Penal. En concreto, de lo que señala, con claridad
meridiana, el artículo 498:
“Los
que emplearen fuerza, violencia, intimidación o amenaza grave para impedir a un
miembro del Congreso de los Diputados, del Senado o de una Asamblea Legislativa
de Comunidad Autónoma asistir a sus reuniones, o, por los mismos medios,
coartaren la libre manifestación de sus opiniones o la emisión de su voto,
serán castigados con la pena de prisión de tres a cinco años”.
