Los
tal INECO (otro ejemplo palmario de competencia desleal en este país de
estanquitos y prebendas) han hecho un estudio desde un despacho. El estudio compara el número de
viajeros con lo que cuesta el trayecto. Es un cálculo vago, con una Excel
delante y dos becarios detrás, realizado desde el Paseo de la Habana. Sólo
me fío de las estadísticas que yo mismo he manipulado, dicen que dijo un
día Churchill. Ya me gustaría a mí que se hiciera un estudio similar con todas
las vías. Y teniendo en cuenta, claro, el coste de amortización de la
infraestructura. Íbamos a ver cuántos AVE quedaban abiertos. ¿O es qué no computamos el coste final del AVE a
Barcelona ? ¿O no tenemos
en cuenta que para ir a Valencia ya había un sistema privado de aviones que
tardaba lo mismo que el tren? ¿Computamos también en estos brillantes análisis
y dentro del coste del AVE a Málaga el dinero que empresas privadas de avión o
autobús pierden por el servicio que en clara competencia desleal presta Renfe?
La
respuesta es no, claro que no. Renfe pierde dinero pero la culpa es de los
servicios como los de la Puebla de Sanabria. Unos setecientos mil euros al año.
Un dineral. Sin duda. Pero claro, la cifra en sí dice poco. Hay que poner en
contexto. El Estado sólo se pone eficiente cuando habla con la España rural. La
que no se defiende. La que no sale en la tele. La que no tiene voz. Se suprime
el Valladolid – Zamora porque ya hay una
oferta muy importante de transporte por carretera. Por ese mismo argumento
supongo que mañana anunciarán que se suspende el Madrid - Toledo, cuya frecuencia
de autobuses es muy superior a la otra y en la que cada viajero recibe un
generoso subsidio por parte del contribuyente.
A mí
se me ocurren más propuestas. Cerremos los pueblos. Todos. No son eficientes
desde un punto de vista económico. Y vayámonos todos, yo el primero, a vivir a
un gran Madrid que agrupe en unos meses a cuarenta millones de personas. Pero
si nos vamos a poner tan finos con la eficiencia, también se me ocurren más
medidas de ahorro: cerremos los hospitales públicos, todos pierden dinero.
Cerremos las universidades públicas, todas pierden dinero y ninguna merece la pena. Cerremos el
ministerio de fomento, un escándalo histórico de mala gestión, con sus jefes de obra
viviendo como reyes a cuenta de los contratistas, con sus comisiones (231.000 googles, nada menos) y sus
desvíos inexplicados al final de la obra…
La
pregunta al final es: el Estado defiende a los ciudadanos y el Estado nación, a
mayores, se articula como un espacio de solidaridad. Si el Estado deja de facilitar
a la ciudadanía el ejercicio de derechos y deja de funcionar como un espacio de
solidaridad,
¿Para
qué lo queremos?
¿Sólo
para que haya abogados del Estado haciendo carrera política?
Como
dicen los de FEDEA en un artículo magistral: “Todo parece indicar que
dejando el coste de la inversión de lado, es prácticamente imposible conseguir
beneficios de la explotación de la red (de Alta Velocidad) sin ayuda de
subsidios, dado el alto coste de funcionamiento y mantenimiento de la
infraestructura (entre 100 y 200 mil euros por kilómetro y año). Tal y como
Albalate y Bel (2011) afirman “Las tarifas difícilmente permiten recuperar
incluso los costes variables en el AVE, lo que explica la importancia de los
subsidios públicos otorgados en España. Incluso asumiendo una tarificación que
permita recuperar todos los costes variables, y para proyectos con una demanda
que duplique la del Madrid-Barcelona, serían necesarios subsidios por valor de
la mitad del coste marginal.” (del post A ninguna parte, pero en Alta Velocidad, publicado el ocho de enero)
