Pero contextualicemos. En nuestro país el problema es la extrema izquierda, o la ultraizquierda. No sólo tiene presencia en varios ayuntamientos, sino que gobierna alguno de ellos (vg. Hernani). Y no sólo en el País Vasco. También está presente en diferentes administraciones locales catalanas (las cup), gallegas (la upg), andaluzas o aragonesas. Eso sí es un problema.
De vez en cuando, esta extrema izquierda hace valiosas aportaciones a los modelos de convivencia occidental. Otras veces, muestran en Cataluña el modelo de escenario que quieren construir. Su concepto de respeto al adversario, en fin, lo suelen escenificar en grupo en los aparcamientos de las universidades públicas.
Hay pocas diferencias entre la extrema izquierda y la extrema derecha. Ambas me parecen profundamente repugnantes. Y son bastante más similares de lo que el público cree: el mismo odio por la libertad y por el sistema económico liberal capitalista.
Vamos, que antifascista había que serlo en 1935, no en 2007. Como lo de antifranquista, ya saben, que tenía mérito serlo hasta noviembre del setenta y cinco. Después queda un poco ridículo.
Pero hay diferencias. La izquierda necesita agitar el espantajo del fascismo para mantener el mito del frente popular, de la unidad del pueblo en lucha y las chorradas esas del “zapata-vive-la-lucha-sigue”. Por eso nunca le preocupan los destrozos de los antisistemas y son tan exigentes con los desmanes de la extrema derecha. En eso nos diferenciamos. Y creo, sinceramente, que los únicos que tenemos legitimidad para exigir mano dura contra la extrema derecha somos los que también lo exigimos contra la extrema izquierda. Porque para mucha izquierda, la extrema izquierda no son unos antisistemas descerebrados a los que hay que combatir con la ley en la mano. No, son sus primos, lejanos y algo descarriados, pero sus primos al fin y al cabo. ¿Verdad Saura? ¿Verdad Gaspar?
PS: En marzo del año siguiente, 1814, Fernando VII vuelve del exilio y el 4 de mayo promulga un Decreto por el que anula tanto la obra legislativa como la propia existencia de las Cortes, al declarar “aquella Constitución y tales decretos nulos y de ningún valor ni efecto, ahora ni en tiempo alguno, como si no hubiesen pasado jamás tales actos, y se quitasen de enmedio del tiempo, y sin obligación en mis pueblos y súbditos de cualquiera clase y condición, á cumplirlos ni guardarlos”.



